Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones Indígenas
28 de julio a 4 de agosto del 2006
Punto 5 del Orden del Día: Elaboración de normas: (a) Prioridades futuras para las actividades de elaboración de normas y (b) Posibles nuevos estudios a realizar.

Declaración conjunta del Consejo Internacional de Tratados Indios y la Confederación de Primeras Naciones del Sexto Tratado, Movimiento de la Juventud Kuna, International Organization of Indigenous Resource Development, Mohawk Nation of Kahnawake, Society for Threatened Peoples, Earth Peoples, Lao Human Rights Council, Buffalo River Dene Nation, Pacific Concerns Resources Center, West Papua, Indigenous Environmental Network, Alaska Community Action on Toxics, Sami Council, RAIPON,
Yaquis Unidos por la Madre Tierra, Dewanadat Apua Jayapura/Papua, , Union de la Fuerza Indigena Campesina (Mexico), Fundacion para la Promocion del Conocimiento Indigena (Panama),Yaquis Unidos por la Madre Tierra (Sonora Mexico), Dewanadat Apua Jayapura/Papua, Indigenous Peoples and Nations Coalition, Union de la Fuerza Indigena Campesina (Mexico), Fundacion para la Promocion del Conocimiento Indigena (Panama), Comite Intertribal Memória e Ciência Indígena/ITC (Brazil), Huicholes y Plaguicidas (Mexico), Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (Guerrero Mexico), CONAIE (Confederacion de las Nacionalidades Indigenas de Ecuador/ Confederation of Indigenous Nations of Ecuador) y Centro para la autonomia y desarrollo de los pueblos indigenas-CADPI (Nicaragua)

Gracias Sr. Presidente. Hacemos un llamado a la atención de este Grupo de Trabajo en la urgente necesidad de una revisión de las normas relevantes actuales y la realización de un nuevo Estudio Integral de los impactos extensivos y devastadores de la producción, exportación y uso no vigilado de tóxicos proscritos, prohibidos y peligrosos, especialmente los plaguicidas, sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas a través del mundo.

Para las comunidades, familias y trabajadores indígenas quienes quedan expuestos, estas prácticas violan una amplia gama de Derechos Humanos, entre ellos los derechos del niño conforme al Convenio sobre la materia en su artículo 24; los derechos a la Salud; la Seguridad Alimentaria; el Desarrollo; la Vida; la Integridad Física; el Consentimiento Libre, Previo e Informado y el derecho de los Pueblos a que no les Priven de sus propios Medios de Subsistencia.

Los recién nacidos y los aún no nacidos son algunos de los más gravemente afectados en las comunidades expuestas, ya que son especialmente susceptibles a estos tóxicos en la matriz de sus madres, igualmente como infantes lactantes. Se ha informado que el número de casos de cánceres y defectos de nacimiento en los niños va en aumento. Asimismo, se ha informado ampliamente sobre muertes entre niños muy jóvenes y adultos por envenenamiento agudo al exponerse a la contaminación tóxica que resulta del rocío aéreo de las cosechas y el uso y almacenaje sin monitoreo o regulación de plaguicidas peligrosos en las comunidades rurales. El desarrollo, la salud y el potencial de nuestras futuras generaciones está a riesgo.

Países industrializados como los Estados Unidos están produciendo y exportando productos químicos tóxicos a los países “en vías de desarrollo” aun después que se han prohibido en sus propios países por sus graves efectos ya conocidos en la salud. Las Políticas de Comercio Internacional y los Convenios Ambientales, entre ellos el Convenio de Rotterdam permiten que los países exporten productos químicos tóxicos y plaguicidas cuyo uso esté prohibido en el país productor, siempre que se informe a los países destinatarios sobre los peligros. Pero nada garantiza que los Estados productores o destinatarios hará llegar estos avisos a los trabajadores, comunidades o familias expuestos. Tampoco existen garantías de que se harán cumplir las medidas reglamentarias obligatorias para proteger a estas personas o que se respetará al principio del consentimiento libre, previo e informado.

En la revista International Journal of Occupational and Environmental Health [“Revista Internacional de Salud Laboral y Ambiental”] se llamó la atención al hecho de que, entre 1996 y 2000, los Estados Unidos exportó casi 1.1 mil millones de libras de plaguicidas (casi 500 millones de kilogramos) identificados como cancerígenos ya conocidos o sospechosos, a un ritmo promedio de casi 16 toneladas (14.5 toneladas métricas) por hora. La mayor parte se envió a los países en desarrollo para su uso en la agricultura. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estimaba que entre el 65 y el 90 por ciento de los niños que trabajan en África, Asia y Latinoamérica están trabajando en la agricultura. Estos niños a menudo quedan expuestos en forma continua a los plaguicidas tóxicos en los campos, en su alimentación, en el agua y en sus casas.

En 1997 en Sonora, México, una científica de la Universidad de Arizona realizó un estudio en las tierras tradicionales de los indígenas Yaqui. En este estudio se detectaron altos niveles de múltiples plaguicidas en la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos y en la leche materna de sus madres. Además se descubrieron graves problemas de aprendizaje y desarrollo en los niños Yaqui que viven en las zonas agrícolas.

Los testimonios presentados por las comunidades indígenas en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, los Estados Unidos y otros países han documentado el uso de plaguicidas prohibidas sin medidas preventivas o ropa de protección, incluso por medio del rocío aéreo de los campos cuando los trabajadores y sus familias han estado presentes y además, sobre sus comunidades, casas y escuelas. Entre los efectos más graves, cuya incidencia se está aumentándose rápidamente, se han denunciado graves y permanentes defectos del nacimiento, la leucemia infantil y el nacimiento de niños con tumores.

Ya que estos tóxicos se bioacumulan, persisten y se desplazan en el ambiente, los Pueblos Indígenas del Ártico han denunciado altos niveles de contaminación en la leche materna de las madres y en las comidas de subsistencia. En estudios recientemente elaborados en Canadá, también se han documentado niveles más altos que lo aceptable de estos tóxicos en la sangre y las células de una selección representativa de jóvenes. Esto claramente es un problema mundial que afecta a grandes cantidades de Pueblos Indígenas, caracterizado por impactos permanentes, dañinos y ampliamente extendidos que afectan el goce de sus derechos humanos.

Agradecemos profundamente a la Relatora Especial Ouhachi-Vesely y su sucesor, el señor Okechukwu Ibeanu, el Relator de las Naciones Unidas sobre los Efectos Nocivos para el Goce de los Derechos Humanos del Traslado y Vertimiento Ilícitos de Productos y Desechos Tóxicos y Peligrosos, por su interés en los efectos para las comunidades Indígenas en México y otros países, de la exportación de plaguicidas prohibidos.
Durante su visita a los Estados Unidos en diciembre del 2001, la señora Ouhachi-Vesely se pronunció en términos enfáticos sobre la práctica de los Estados Unidos de exportar a las naciones en vías de desarrollo, los productos químicos, plaguicidas y desechos prohibidos en dicho país. “Es inmoral permitir la exportación de productos una vez que éstos están reconocidos como dañinos,” afirmó.
El Relator Ibeanu, por su parte, expresó sus preocupaciones en una declaración por escrito que se presentó ante una conferencia que CITI coordinó recientemente en Potam Pueblo, Río Yaqui y que contaba con la participación de más de 300 personas de comunidades indígenas afectadas en México, Estados Unidos y Guatemala. En dicha declaración, confirmó que, por las inadecuadas condiciones del uso de estos productos químicos en las comunidades “tanto los individuos como las comunidades no pueden tomar decisiones informadas acerca de los productos”, a veces “agravando aún más las condiciones de la pobreza” por sus efectos adversos sobre la salud humana y el ambiente.

Por lo tanto, solicitamos urgentemente que en esta sesión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas se inicie un Estudio de los Efectos a Nivel Mundial en los Derechos Humanos de la exportación de los plaguicidas y otros tóxicos peligrosos y prohibidos, su uso, la falta de monitoreo por parte de los Estados y la consecuente falta de protección a la salud humana y el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asimismo, instamos al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas a solicitar que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos organice una Conferencia sobre este tema en 2007, conjuntamente con los Relatores Especiales en la materia, para evaluar el problema, valorizar los efectos sobre los Derechos Humanos a la luz de las normas correspondientes internacionales y nacionales y recomendar otras medidas correctivas o normas a este organismo, según lo que sea necesario.

Gracias por su consideración de este asunto crítico que afecta a los Pueblos Indígenas en las distintas partes del mundo. Para todas nuestras Relaciones.