CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

55º PERÍODO DE SESIONES

TEMA 12(a) DEL PROGRAMA, Violencia Contra las Mujeres

Intervención escrita por la Asamblea Nacional Indígena (Mexico) y el Consejo Internacional de Tratados Indios

En la sociedad mexicana todos reconocen la doble opresión que viven las mujeres indígenas, por ser indígenas y por ser mujeres. Superar estos desafíos es un reto urgente para la sociedad mexicana en su conjunto y Naciones Unidas.

La lucha de las mujeres indígenas por el reconocimiento de sus derechos y la valorización de su rol, tanto al interior de sus comunidades como hacia fuera, no esta separada de la lucha que hoy llevan adelante los Pueblos Indígenas de México, sus hermanos, sus compañeros, sus hombres, porque conjuntamente  luchan contra el racismo, la discriminación, y por el pleno respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La desigualdad, la discriminación se palpa en las condiciones   a que están sometidos los Pueblos indígenas. Se dan las más severas e inhumanas condiciones de marginalidad y pobreza.

En los municipios eminentemente indígenas del país la tasa de analfabetismo es del 43%, es decir más de tres veces la media nacional, el 58% de los niños de cinco años no asiste a la escuela y cerca de la tercera parte de la población de 6 a 14 años no sabe leer ni escribir. El analfabetismo en las

mujeres indígenas es más del 60%.

En México la violencia hacia la mujer se ha agravado y se ha trasladado al poder público desde 1994, cuando se dio el levantamiento de los indígenas Chiapanecos.  El levantamiento dejó al descubierto los dos rostros de México, el México mestizo, y el México indígena, y las grandes desigualdades, el hostigamiento, la persecución y la violación de las mujeres indígenas.

En las regiones más militarizadas, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en el estado de Hidalgo, no solo los hombres han sufrido los abusos y violación de sus derechos humanos.  Son las mujeres indígenas el "botín de guerra" predilecto de policías, ejército y bandas armadas paramilitares y guardias blancas. Son utilizadas para transgredir y violentar la dignidad e integridad de un Pueblo. Son utilizadas para el escarmiento de los hombres que luchan por causas justas para su pueblo.

A pocos meses del levantamiento zapatista se denunció la violación tumultuaria de que fueron objeto tres indígenas tzeltales por elementos del ejército Mexicano en un reten militar cerca del municipio de Altamirano: María Teresa, de 20 años; Cristina de 18, y María Méndez de 16 años, quienes fueron torturadas.

María Teresa contó cómo empezó la discusión entre los que se encontraban en el cuarto de descanso del retén: "Se peleaban por quedarse."  Al cerrar la puerta les ordenaron "hablen en Castilla;" "si se quedan una noche se salvan," y hubo más y más discusión, hasta que "se nos hecharon encima."  Las tres hermanas aseguraron que fueron entre 6 y 7 los militares que las violaron, el resto "dejo hacer".

Organismos de derechos humanos presentaron una demanda penal en contra de los elementos del Ejército que resultasen de los delitos de violación tumultuaria, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, amenazas, intimidación y los que resultase.  El 1 de julio, 1994, La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) rechazó las acusaciones realizadas contra el personal militar involucrado en el caso y amenazó con presentar querellas contra aquellos que, según el Ejército,

habían "difamado" a la Institución.

En septiembre del mismo año el caso fue transferido a la jurisdicción militar. En una reunión con delegados de Amnistía Internacional, en noviembre de 1995, las autoridades militares de la SEDENA explicaron que las tres tseltales no habían contestado a la citación judicial del Tribunal militar encargado del caso para ratificar sus testimonios.

En abril de 1999, se repite otra vez la historia, en la comunidad indígena mixteca de Barrio Nuevo San José, fueron violadas dos mujeres, por militares, una de 30 años y otra de 60 años, ante la irrupción de militares que según “buscan narcotraficantes” en las comunidades.

En la comunidad de Tezontepec de Aldama, Estado de Hidalgo, existe un conflicto de tierras con otra comunidad, Mixquiahuala, problema que la misma gente pudo haber arreglado por medios pacíficos.

Las autoridades correspondientes intervinieron. El Gobierno del Estado de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, se comprometió indemnizar a los afectados, construir una clínica, entregar tractores a los campesinos, pero no se cumplió. En enero del 2000, irrumpieron los inconformes de la comunidad de Mixquiahuala, dando motivo para que la fuerza publica entrara a catear y a hacer desorden a la comunidad de Tezontepec.

Terrorizaron a las mujeres, las amenazaron con arma de fuego, les rompieron los vidrios de las casas, les destrozaron sus colchones e hicieron disparos para amedrentarlas. Hasta este momento no se ha documentado si hubo algún caso de violación.

La Institución de educación  Normal, llamado el Mexe Hidalgo, alberga a alumnos provenientes de familias de escasos recursos económicos, de familias indígenas y campesinas en su mayoría. Mantienen un paro, con un pliego petitorio para mejorar sus instalaciones, así como de acabar con la amenaza del Gobierno del Estado de Hidalgo por cerrar la escuela. En estos mismos días la fuerza publica los desalojo del lugar de los hechos, las mujeres, alumnas fueron agredidas, manoseados sus pechos y golpeadas.

Los implicados en estas agresiones y violaciones sexuales son miembros del Ejército Federal, tropa y oficiales, y seguridad pública. Este acto es algo más que un acto de guerra "no controlable" y significa, según la teoría de guerra psicológica, una tarea para disminuir "la moral del enemigo", ejerciendo acciones contra las partes más vulnerables de la sociedad.

En esta situación, las mujeres representan el punto de ataque a la dignidad y la moral de los hombres, el tormento de la mujer es más cruel, inhumano y degradante. Los métodos de tortura van dirigidos a su identidad sexual, su identidad étnica y su anatomía física.

Son pocos los casos que se pueden citar en esta breve intervención.  Muchos casos no se denuncian por cuestiones culturales o por la desconfianza que existe en las autoridades. Cada comunidad indígena, cada familia si no la violación, sufre diario y profundo temor de lo mismo. La violencia hacia la mujer indígena se ha agudizado en México.

La violencia contra las mujeres movilizó a la sociedad y a los gobiernos en la II CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS, en Viena, del 14 al 25 de junio de 1993, en donde reconocieron

la importancia y oportunidad de introducir avances para las mujeres al nivel del sistema internacional de derechos humanos, con el título de LA IGUALDAD DE CONDICIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, la Declaración y Programa de Acción de Viena.

En esta conferencia, pide se le conceda a la mujer el pleno

disfrute en condiciones de igualdad los derechos humanos y que esta sea una prioridad para los gobiernos y las Naciones Unidas.  Se subraya en especial la importancia de la labor destinada a

eliminar la violencia contra la mujer en la vida publica y privada, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia.  Insta por otra parte a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, encubiertas o

palmarias, y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de las mujeres y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales y costumbres, de prejuicios culturales y de extremismo religioso.

Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones a los

principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional.  Los delitos de ese tipo incluyen en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados.

Existe una complacencia por parte de las autoridades porque es parte de su mentalidad machista, centralista y sexista no actúa de otra manera. No están consciente de cambiar. Esta mentalidad forma parte de su política de control de poder. El Gobierno mexicano se caracteriza por firmar acuerdos pero no los cumple, aunque diga lo contrario e invite a altos funcionarios de Naciones Unidas, que sólo le maquillan la realidad.  Los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en México, y en especial los de las mujeres, son violados sistemáticamente, sin que exista un poder que asuma con responsabilidad medidas eficaces que pongan fin a tanta impunidad.

Los indígenas y especialmente las mujeres indígenas, piden a las altas autoridades de Las Naciones Unidas incluir a México en una observación permanente acerca de la administración de justicia ya la sistemática violación de los Instrumentos Internacionales de que son parte. Es necesario revertir la desconfianza y el cinismo hacia el sistema judicial y la impunidad.