CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS

COMUNICADO DE PRENSA LOS PRIMEROS ASESINATOS PRODUCIDOS POR LAS INDUSTRIAS MINERAS EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DE GUATEMALA

Defensoría Maya, denuncia urgente y enérgicamente el asesinato y ataque armado contra miembros del Pueblo Maya Kaqchikel de Sololá, por parte de la Policía Nacional y del Ejército de Guatemala.

Ante la comunidad nacional e internacional, Defensoría Maya hace del conocimiento la ejecución extrajudicial de Raúl Castro Bocel quien fue asesinado por elementos del ejército y de la Policía Nacional. Este hecho ocurrió el 11 de Enero del 2005, en la aldea los Encuentros del departamento de Sololá. Además de la ejecución extrajudicial, quedaron heridos varios indígenas que fueron atacados indiscriminadamente por los elementos de “seguridad” del Estado. El ataque se produjo por la oposición de los pobladores de Sololá ante la implementación de la exploración y explotación minera en San Marcos y otros departamentos del occidente de Guatemala.

La población de Sololá había obstaculizado el paso de un cilindro que servirá para la explotación minera en territorio de San Marcos, luego de que el 2 de diciembre del 2004 la Empresa “CONTRANALPA” intentó derribar un puente peatonal con el fin de pasar su instrumento e intentó trasladar la maquinaria de la ciudad capital a la comunidad de Sipacapa San Marcos. La población se opuso porque argumenta ni el gobierno ni la empresa en mención realizaron ninguna consulta a los pueblos indígenas según mandato del Convenio 169 de la OIT en cuanto a la destrucción de la madre naturaleza por la explotación minera, situación que pesó mucho en las decisiones de estas comunidades.

Defensoría Maya rechaza y repudia las declaraciones del Presidente de la República Oscar Berger, del Ministro de Gobernación Carlos Vielman quienes invocaron la Constitución para cometer asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos, ya que según estos funcionarios, han actuado con apego a garantizar la “libre circulación” para favorecer intereses empresariales y foráneos, pero no se apegan a la Constitución que establece que el Estado se organizara para garantizar el bien común.

La población estaba realizando una manifestación pacífica, sin violencia y la acción del ejército y la Policía no es más que el claro reflejo de la política represiva del Gobierno de Berger que quedó desmotrado cuando asesinaron a más de una docena de campesinos e indígenas en la Finca Nueva Linda el 31 de agosto del año pasado, además de la ocupación de las oficinas de la organización humanitaria HIJOS el pasado 10 de Enero.

El derecho a libre manifestación pacífica está garantizada y protegida por la Constitución Política, por lo que el plan del Gobierno de localizar y enjuiciar a 16 líderes indígenas es otra forma de reprimir a la población que exige la garantía de sus Derechos Económicos y Sociales.

Defensoría Maya manifiesta su preocupación por la forma solapada y disfrazada de cómo el gobierno de Berger y sus instituciones violan sistemáticamente los derechos humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, está negando el hecho de que hayan ejecuciones extrajudiciales en Sololá. Esto es inaudito en un gobierno civil y supuestamente democrático.

Por todo lo anterior, la Defensoría Maya exige lo siguiente:

1. Al gobierno del presidente Oscar Berger para que detenga de inmediato la ejecución de los acuerdos para la exploración y explotación minera en todo el país. Además el gobierno debe dar marcha atrás con la violencia utilizada por fuerzas de seguridad y tropas del ejercito contra miembros del pueblo maya Kaqchikel

2. Que se de fiel cumplimiento al convenio 169 de la OIT que obliga al Estado de Guatemala de practicar consulta permanente y obligatoria con los Pueblos Indígenas sobre los asuntos que los afecte de manera negativa.

3. Que de inmediato de instale una Comisión de Alto Nivel para mediar el asunto y evitar que haya un derramamiento de sangre en ese y otros lugares. Que el Ministerio Público inicie las investigaciones exhaustivas sobre la muerte del señor Raúl Castro Bocel realizadas por las fuerzas de seguridad.

4. A las organizaciones mayas, indígenas y de la sociedad civil se solicita a rechazar las actitudes del gobierno central y denunciar enérgicamente las violaciones de derechos humanos para desenmascarar a este gobierno represivo por apoyar intereses de empresas extranjeras que han iniciado y han dado continuidad al saqueo de nuestros recursos naturales.

Defensoría Maya solicita a la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a otras instituciones humanitarias para investigar de manera urgente los hechos y a dirimir responsabilidades al Estado y gobierno del Presidente Berger por violar instrumentos internacionales y cometer represión contra su pueblo.